Consejo de Ministros, viernes, 05 de abril de 2013.
PROYECTO DE LEY DE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS
La nueva Ley establece mecanismos que permitirán poner en práctica desde las operaciones más sencillas, que afectan
a la rehabilitación de un edificio, a las más completas, que van desde la regeneración de tejidos urbanos ya existentes a
la reurbanización de zonas más amplias dentro de las ciudades.
Estas operaciones contribuirán al fomento de la calidad, la sostenibilidad y la competitividad, tanto en la edificación como
en el suelo, y acercarán nuestro marco normativo al marco europeo, sobre todo en relación con los objetivos de eficiencia
y ahorro energéticos.
El modelo surgido en los últimos años, volcado fundamentalmente en la construcción de nuevas viviendas, ha
descompensado el necesario equilibrio que debería existir entre las actuaciones de construcción y aquellas otras
orientadas a la conservación en adecuadas condiciones del parque ya edificado.
A ello hay que unir la gran distancia que separa el parque edificado en España de las exigencias europeas relativas a la
eficiencia energética de los edificios y, a través de ellos, de las ciudades. Cerca del 60 por 100 de las viviendas españolas
se construyeron sin ninguna normativa mínima de eficiencia energética (la primera es de 1979), lo que sitúa a España en
una posición difícil de cara al cumplimiento de los compromisos con Europa (Estrategia Europea 2020). Además, de los
10,7 millones de viviendas en edificios de cuatro o más plantas, cuatro millones aún no tienen ascensor y un porcentaje
muy elevado de viviendas se encuentra en deficiente situación de conservación.
Novedades de la Ley
Entre las novedades más relevantes que forman parte del nuevo texto legal están las siguientes:
1. La configuración del deber de conservación como uno de los deberes fundamentales relacionados con el medio
urbano, y, por tanto, su regulación con carácter uniforme, en el marco de las condiciones básicas de igualdad que
al Estado compete establecer.
2. La regulación básica de un Informe de Evaluación de los Edificios, que trata de superar las insuficiencias de la
Inspección Técnica de Edificios, demandada por el Estado a partir del Real Decreto Ley 8/2011.
Este informe, además de evaluar el estado de conservación de los edificios, aportará información acerca del grado
de cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad, e incluirá la Certificación de la Eficiencia
Energética. Esta última, con un mero carácter informativo, y con independencia de que alguna de las viviendas del
edificio vaya a ser puesta en venta o en alquiler.
El informe sólo se exigirá a los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva que tengan más de cincuenta
años y siempre que no hayan pasado ya la Inspección Técnica de Edificios de conformidad con su propia
regulación.
3. Se amplían las facultades reconocidas a las comunidades de vecinos, agrupaciones de propietarios y
cooperativas para actuar en el mercado inmobiliario con plena capacidad jurídica para todas las operaciones,
incluidas las crediticias, relacionadas con las operaciones de rehabilitación.
4. Se establecen mecanismos que permitirán obtener financiación externa para que la rehabilitación sea más
accesible. De manera especial, se introduce la figura de "la memoria de viabilidad económica" que acompañará a
cada actuación y que podría justificar la aplicación de reglas excepcionales para vincular incrementos de
edificabilidad o densidad, así como cambios a las distintas operaciones de rehabilitación, regeneración y/o
renovación urbanas.
5. Se modifican determinados regímenes de unanimidad o mayorías establecidos por la Ley de Propiedad
Horizontal. Así, cuando existan determinadas obras que son demandadas por las Administraciones Públicas,
aunque afecten al título constitutivo o a los estatutos, serán obligatorias, como ya ocurre con algunas de ellas en
la vigente regulación de la propiedad horizontal.
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